Desde la agrupación señalaron que el dictamen realizado por el Gobierno es "ilegal" por no contar con las "atribuciones" para suspender la certificación de la subdivisión de predios rústicos.
El exfiscal Carlos Gajardo está asesorando jurídicamente la causa, quien señaló que "creemos que hay muchas personas que están siendo afectadas por esta decisión".
El gremio Chile Rural ingresó un solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República (CGR) por la decisión del Gobierno de suspender la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio ecológico de las localidades en las que están emplazados.
Esto, luego de que el Ministerio de Agricultura constatara la proliferación de proyectos de parcelaciones en áreas rurales que vulnerarían la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional, decidió adoptar medidas urgentes y efectivas, lo que quedó dictaminado en el instructivo Ordinario 637.
Debido a lo anterior, desde Chile Rural ingresaron a la Contraloría un escrito en el que solicitan un "pronunciamiento de legalidad", como también de lo obrado por el Gobierno y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por lo que desde el gremio sumaron el fichaje del destacado exfiscal Carlos Gajardo.
Según el gremio, el instructivo "ha sido dictado, sin tener las facultades y atribuciones para ello, y ha invadido materias reservadas al legislador y a los tribunales de justicia", y que si bien el SAG "posee facultades fiscalizadoras, dicho organismo no puede determinar ex ante el incumplimiento de esta normativa sectorial, función que por expresa disposición de la ley le corresponde a los Juzgados de Policía Local".
Por lo que señalaron que el Ordinario 637 "es ilegal, pues pretende atribuir competencias que el legislador no ha otorgado expresamente" al SAG y que este organismo y la carta de Agricultura "se arrogan competencias que solo corresponden al legislador, pues solo él puede establecer el justo y racional procedimiento administrativo e interpretar las leyes".
El presidente de Chile Rural, Tomás Prado, explicó que si no se deja sin efecto esta decisión "tendrá impacto en el empleo", y sostuvo que "creemos se debe dar celeridad en el Senado a los tres proyectos de ley que buscan mejorar la regulación existente".
CARLOS GAJARDO: "HAY MUCHAS PERSONAS AFECTADAS"
parte, el asesor jurídico Carlos Gajardo indicó que este decreto "pone determinadas condiciones o establece la imposibilidad de entregar determinados requisitos en los trámites y en la gestión de divisiones de predios rurales", y agregó que "toda esta actividad, a nuestro juicio, excede las facultades que tiene la administración, pues son materia de ley y, por lo tanto, si se quieren efectuar modificaciones estas deben ser en la sede que corresponde, en el Congreso Nacional".
Sosteniendo en El Mercurio que "creemos que hay muchas personas que están siendo afectadas por esta decisión", considerando que "es una causa ciudadana también. Muchas personas tienen el legítimo interés de poder acceder a la compra de predios agrícolas de esta manera, las parcelas de agrado, y la manera en que se está resolviendo esto va a impedir que eso se concrete", por lo que considera que este tema "va mucho más allá de las empresas. Va en el derecho y la expectativa que tienen muchas personas de poder hacerse propietarias de un predio".
Sobre si se ha vulnerado el espíritu
del DL 3.516, sostuvo que "esto se ha hecho durante 40 años y ha permitido que muchas personas puedan acceder a una propiedad en estas condiciones. La ley expresamente establece que estas divisiones se pueden efectuar libremente. Si es que el Estado decide tener una política distinta, eso es necesariamente es resorte legal, legislativo".
Fuente : www.cooperativa.cl